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Zamora pide a la Junta que el centro de datos de Monfarracinos no sea declarado Proyecto Regional

El equipo de gobierno reclama una evaluación integral del impacto ambiental, económico y social del macroproyecto y exige transparencia sobre el consumo de agua y energía, la ocupación de suelo agrícola y el empleo que generará.

Tres hombres sentados ante documentos en una mesa del Ayuntamiento de Zamora

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora ha presentado una moción para solicitar a la Junta de Castilla y León que no tramite el centro de datos previsto en Monfarracinos como Proyecto Regional. La iniciativa pretende que el macroproyecto se someta a una evaluación rigurosa de sus consecuencias territoriales, ambientales, económicas y sociales antes de avanzar en su desarrollo.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, compareció este lunes junto al concejal de Promoción Económica, David Gago, y el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, para explicar los motivos de la propuesta, que trasladarán al resto de grupos municipales con la intención de lograr su aprobación por unanimidad en el próximo pleno.

El equipo de gobierno reclama que, si el proyecto sigue adelante, se tramite por los procedimientos ordinarios que correspondan y se garantice un análisis completo de sus efectos sobre los municipios afectados y los recursos de la provincia.

Preocupación por el suelo agrícola y los recursos naturales

Guarido ha aclarado que el Ayuntamiento no rechaza la implantación de centros de datos en general, sino las dimensiones del proyecto planteado en Monfarracinos, que considera desproporcionadas para el territorio en el que se pretende instalar.

Según los datos expuestos por el alcalde, la infraestructura afectaría al equivalente al 10 % del territorio agrícola de Aspariegos, Villalube, Monfarracinos, Molacillos y Benegiles. El proyecto contempla también 24 instalaciones térmicas con chimeneas de 30 metros de altura.

Entre las principales preocupaciones municipales figuran el elevado consumo de agua y electricidad, las emisiones, el ruido y el aumento del tráfico pesado. El equipo de gobierno advierte de que estas necesidades podrían comprometer recursos naturales y limitar las posibilidades de desarrollo sostenible de una provincia con un importante peso del sector agrícola.

Dudas sobre el interés general y la creación de empleo

La moción cuestiona que se haya justificado suficientemente el interés general del proyecto para su declaración como Proyecto Regional, una figura que, según los promotores de la iniciativa, debe acreditar los beneficios que una actuación aporta a la sociedad y al desarrollo económico de Castilla y León.

El Ayuntamiento también reclama información verificable sobre los puestos de trabajo que se crearán, diferenciando entre empleo temporal y permanente, contratación local, salarios y posibles ingresos públicos.

Otro de los aspectos señalados es el impacto económico sobre las administraciones locales. El equipo de gobierno advierte de posibles pérdidas de ingresos municipales vinculadas al régimen fiscal aplicable a los proyectos declarados regionales y menciona estimaciones de hasta 200 millones de euros, una cifra que deberá contextualizarse y contrastarse con la documentación económica del proyecto.

Cuatro exigencias a la Junta de Castilla y León

La iniciativa municipal plantea cuatro líneas de actuación: pedir que el centro de datos no sea aprobado como Proyecto Regional si no acredita suficientemente su necesidad e interés general; reclamar que se utilicen los procedimientos legales ordinarios que correspondan; exigir una evaluación ambiental integral y acumulativa sobre el consumo de agua y energía, las emisiones, el ruido y los riesgos industriales; y garantizar la publicación de la documentación técnica y ambiental.

Asimismo, el equipo de gobierno solicita que se hagan públicas las previsiones de empleo y contratación local, así como los ingresos públicos asociados a la instalación.

La moción busca que la decisión sobre el futuro centro de datos se adopte con información completa y garantías para los municipios afectados, prestando especial atención a la protección de los recursos hídricos, energéticos y agrícolas de la provincia de Zamora.

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